¿Nunca es tarde?

Nunca dejará de sorprenderme la poca capacidad que tenemos en España para adelantarnos a los problemas. No importa cuántos y cuanto se advierta de que algo va a ocurrir, parece que siempre necesitamos que ocurra una desgracia para reaccionar, lo que lamentablemente implica que siempre llegamos tarde. Una terrible crisis económica mundial nos asfixia desde hace cuatro años. Una crisis que nuestros gobernantes (Entonces José Luis Rodríguez Zapatero) tardaron mucho tiempo en reconocer que existía. No se puede luchar contra aquello que no aceptas que existe, eso es lógica pura, y en situaciones como esta “luego” es tarde. Desde entonces no pasa el día en que telediario y periódicos hablen de rescates de Europa, prima de riesgo, deuda del tesoro, millones de parados, desalojo de viviendas y un sinfín de perturbaciones más. Mientras, los representantes del gobierno aparecen sonrientes diciendo que España se va a recuperar en breve, que la situación no es tan mala y que están haciendo todo cuanto pueden para solucionarlo.

Pero la realidad pura y dura es que no lo hacen. Hablan de apretarse el cinturón, de arrimar el hombre y de trabajar en equipo para salir del bache mientras recortan derechos sociales, educación, sanidad, justicia… Pero nadie toca los gastos superfluos que genera el propio gobierno. Nadie se plantea recortar los sueldos de los más de 400.000 políticos que hay en España. Nadie se ha planteado eliminar los cientos de puestos políticos innecesarios, las duplicidades en las competencias, los ayuntamientos de poblaciones diminutas que tienen casi más concejales que habitantes. Nadie parece darse cuenta de que el Senado necesita cuento menos una enorme reestructuración de sus competencias y funciones para que deje de ser el cementerio de elefantes de los partidos políticos y empiece a ser útil a la sociedad a la que se supone que sirve.

De los 8.116 municipios españoles en los que se eligieron concejales en las elecciones de 2011 (unos 68.462), sólo 3.385 superan los mil habitantes. De acuerdo, es cierto que, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 90% de los alcaldes y concejales de España, que gobiernan los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen sueldo, pero aún así me parece demasiado desperdicio. No se puede pedir austeridad a un pueblo empobrecido cuando el propio presidente del gobierno sigue cobrando las dietas de desplazamiento a pesar de que ahora vive en Madrid.

Hace unos días una mujer se suicidó en Baracaldo incapaz de soportar la presión de un inminente desalojo de su vivienda. Han hecho falta más de 350.000 familias en la calle y una persona muerta para encontrar una solución supuestamente efectiva a la situación. Pero yo no puedo evitar preguntarme ¿tan difícil era la solución que no la vieron antes? ¿Por qué esperar hasta llegar a este punto de casi no retorno? Analicémosla:

El Gobierno quiere modificar la legislación que regula los desahucios para proteger a colectivos determinados: ancianos con pensiones bajas, familias en las que algún miembro padezca enfermedad crónica, aquellas en las que uno o dos miembros de la pareja no tengan trabajo, o las que tengan mayores o menores a su cargo. Además, ante el planteamiento de que la dación en pago (entregar la vivienda al banco) sería inviable en el caso de las familias que no tienen otro sitio donde vivir, mantienen al a intención de arbitrar otras fórmulas para que las familias se puedan quedar en la vivienda, del tipo «alquiler social en la misma vivienda», una ampliación de plazos o más flexibilidad de las condiciones de la hipoteca.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la «número dos» del PSOE, Elena Valenciano, acordaron pactar una reforma legal para evitar que las familias más vulnerables, con niños y ancianos a su cargo, se quedasen sin vivienda por el impago de la hipoteca. Tras el suicido de la ex concejal socialista de Baracaldo Amalia Egaña cuando iba a ser desahuciada, el presidente del gobierno Mariano Rajoy anunció una paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria. En principio, el Ejecutivo tenía previsto plantear un periodo de carencia de dos años para los casos de familias afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria más vulnerables. Por su parte, el PSOE propone que el acuerdo gire en torno a su Proposición de Ley, presentada en el Congreso, que supone la modificación de hasta cinco leyes orgánicas. Como siempre, cada uno tira hacia su tejado. No obstante, los acuerdos se aceleraron tras el fallecimiento de Amalia Egaña. De repente, todos los partidos políticos pidieron al Gobierno y a los bancos que detuvieran los desahucios de viviendas hasta que haya una nueva ley. Representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía decidieron adelantar los contactos. A buenas horas…

Ahora, la Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante los dos próximos años en los casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad respondiendo a razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social. A mí me huele más a publicidad.

Todas estas medidas se suman a las ya aprobadas anteriormente en el código de buenas prácticas bancarias que obliga a las entidades financieras a abaratar las hipotecas de las familias en paro y con bajos ingresos y, en última instancia, a aceptar la dación en pago, que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda. Y esto es precisamente lo que me escama. Lo que hace que me pregunte: ¿de verdad era necesario llegar hasta aquí? ¿Había que esperar a que fuera tarde para tomar una medida que podría haber salvado la vida de esa mujer?

No puedo más que sentir nauseas anta tan maña hipocresía. Primero se ponen de acuerdo para empujarnos a esta situación y ahora se erigen salvadores. Y encima se lo creerán.

Hay un dicho en España que reza:

"Nunca es tarde si la dicha es buena."

Pero la dicha nunca puede ser buena si han hecho falta miles de desgracias y la muerte de una persona para llegar a ella.