Es 2 de
julio y en la televisión sólo existe la marea roja causada por la borrachera eufórica
de la segunda victoria de la selección española en la Eurocopa. Me declaro fan
de “la roja” y reconozco que me emociona haber podido ser testigo de este
momento épico en la historia de fútbol español. Soy patriótica en cuestiones de
deporte. Me gusta cuando gana un español. Pero después de que el instante de
euforia se haya diluido, lo demás me sobra y tomo conciencia de que el mundo sigue
girando a nuestro alrededor, no se ha parado para ver ganar a España.
Así pues, al
despertar de ese “ensimismamiento patriótico-deportista” me he encontrado la
triste realidad española que nos acompaña desde hace un tiempo. A los terribles
recortes en educación y sanidad, y con la alargada sombra del rescate europeo a
la banca española flotando en el ambiente, se une ahora el anuncio de la subida
en el precio de la luz, el gas y el IVA, la aprobación del “medicamentazo”, el endurecimiento
de la reforma laboral y la reforma del sistema de becas; entre otras cosas…
El Consejo
de Ministros (a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte José
Ignacio Wert) ha acordado hoy, 2 de julio de 2012, la aprobación del Real Decreto por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen
de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Esto supone el “incremento” de
las tasas de matrícula y el endurecimiento de los requisitos académicos para obtener
y mantener las becas para el próximo curso. El nuevo sistema establecido por el
Ministerio permite a las comunidades autónomas fijar el precio de las
asignaturas dentro de una horquilla que irá desde el 15 al 25 por ciento del
coste real en la primera matrícula; del 30 al 40 por ciento por la segunda; del
65 y al 75 por ciento por la tercera, y del 90 al 100% por la cuarta.
Esto supone que El 70 % de los universitarios pagarán entre el 16 y 66 % más
por la matrícula. Además, a partir de ahora, renovar una beca implicará tener
que superar el 65% de los créditos en los que se hayan matriculado los alumnos
de Arquitectura e Ingeniería (antes era el 60%), el 90% en Artes, Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas (antes el 80%) y el 80% en Ciencias y Ciencias de
la Salud ( la única que permanece igual que hasta ahora). Durante el curso
2013-2014, la renovación requerirá el aprobado del 85% de los créditos
matriculados o una nota media de 6 en Arquitectura e Ingeniería y que se
aprueben todos los créditos o se obtenga una nota media de 6,5 en el resto de
las titulaciones. Para FP y Bachillerato se limitan a la 'beca salario', ya que
para la general únicamente es necesario un aprobado. Los estudiantes de primer
curso de Bachillerato deberán obtener una media de 5,5 en 4º de ESO, los
estudiantes de primer curso de FP de grado superior deberán obtener una media
de 5,5 en 2º de Bachillerato y los de 1º de FP de Grado Medio sólo deberán
quedar matriculados de curso completo. Para mantener la 'beca salario' se
requerirá que el alumno pase de curso, como máximo, con una única asignatura
pendiente o haber superado como mínimo el 85% de las horas lectivas totales.
Por otro lado,
ayer 1 de julio, (coincidiendo, que cosas, con el partido de la final de
Eurocopa entre España e Italia) entró en vigor el nuevo sistema de participación
del usuario en farmacia; lo que viene siendo el famoso “medicamentazo” también
llamado copago farmacéutico. La mayor parte de los pensionistas, que hasta
ahora no pagaban nada, se verán obligados a pagar un 10% de sus medicinas. El
resto de pensionistas pagarán e función de su renta anual: los que posean rentas
por debajo de los 18.000€ no pagarán más de 8 € al mes, los que la superen será
de 18€ y para los que superen los 100.000€ anuales de renta será de 60€. Cuando
paguen de más, se les devolverá trimestral o semestralmente ingresándoselo de
nuevo en la misma cuenta a donde reciben la pensión. Los trabajadores en activo
pagarán un porcentaje determinado en función de sus ingresos en lugar del
actual 40%. Aquellos con rentas inferiores a 18.000 euros (que no tienen la obligación
de tributar en el IRPF) y las familias numerosas seguirán pagando el 40%,
mientras que los que superen esa renta, la aportarán el 50%. Las rentas
anuales que superen los 100.000 euros pagarán un 60%.
De esta
forma sólo los parados sin prestación y las personas con pensiones no
contributivas o renta de reinserción se beneficiaran de no tener que pagar por
sus medicamentos con receta, ya que los enfermos crónicos seguirán pagando el
10% actual y los mutualistas de MUFACE el 30%.
Debo decir
que no estoy del todo en contra del copago sanitario basado en la renta anual.
Como hija de militar he disfrutado de las ventajas e inconvenientes del sistema
sanitario ISFAS, por el cual hay que pagar el 30% de los medicamentos
recetados; y como trabajador en activo he tenido que pagar el 40%. Pero
reconozco que la medida pueda ser impopular y que se vea como una amenaza a la
sanidad pública. En mi modesta opinión es todo lo contrario. Bien aplicada,
puede ser un desahogo para las maltrechas arcas de la Seguridad Social. Al fin
y al cabo, es preferible tener una sanidad “medio pública” a no tener ninguna y
no olvidemos que estamos hablando de la compra de medicamentos y no de pagar a las
consultas de los médicos o las operaciones. Sin embargo, echo en falta que se tenga
en cuanta también el número de medicamentos que se deben recetar habitualmente
al enfermo. La creación de un sistema central informatizado que recopile todos
los informes médicos, (vengan del médico, sistema sanitario u hospital que
provengan) sería de gran ayuda, ya que permitiría controlar mejor el número y
clase de medicamentos recetados. Con un control más exhaustivo se podría combatir
esa imagen tan habitual en España del pensionista sacando medicamentos para
toda la familia porque no paga nada. El Real
Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y
las cuantías de las becas y ayudas al estudio, por otro lado, si me parece una
media muy poco acertada que contribuye a empeorar, aún más si cabe, el ya perjudicado
sistema educativo español.
A estas dos
grandes noticias hay que añadir que estos días, durante la celebración de la
Eurocopa, el gobierno ha subido la luz y el gas. A partir de este mes la tarifa
eléctrica de último recurso (TUR) subirá un 3,95% de media (algo más de 16€ más
al año); el gas natural un 2,26% (14,89€ más al año) y el butano un 5,92% (pasa
de costar 15,53€ a 16,45€), según el BOE. Además ha anunciado una subida del
IVA, cambiando en una amplia gama de productos el tipo de impuesto del reducido
(8%) al normal (18%) y del superreducido (4%) al reducido (8%). Esto supone que
el IVA de los productos de impuesto reducido aumentará un 125% (Explico: Tienes
4 euros y te dan 1 euro. Ese euro representa la cuarta parte del dinero que
tenias antes, o lo que es lo mismo, un 25%, por lo tanto tu dinero ha aumentado
un 25%. En el caso del IVA, pasar de un 8% al 18% supone un 125% de aumento). Los
sectores más afectados por esta decisión serán el transporte, la hostelería,
los espectáculos deportivos y algunos productos alimentarios. En el caso del
IVA superrreducido, aumentará un 100%. Este tipo se aplica a productos de primera
necesidad, libros, periódicos y revistas; la compra de la vivienda habitual y
de aparatos como prótesis o sillas de ruedas.
El objetivo
de la subida del IVA en tiempos de crisis es aumentar los ingresos del Estado, sin
embargo, a corto plazo, representa la pérdida de poder adquisitivo del
ciudadano y la disminución del consumo. Dado que el impuesto sobre el valor
añadido se aplica a todos los productos y servicios de consumo, un incremento
del IVA supone que el ciudadano pague más por un mismo producto, lo que se
traduce en que “posee” menos dinero; o mejo dicho, su dinero puede comprar
menos cosas. Además, el IVA es un impuesto que afecta a todos los ciudadanos y
empresas que consumen bienes y servicios, lo que significa que grava más a
quienes tienen un menor nivel adquisitivo (las familias de renta baja dedican
un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo que las de renta media-alta). Como
consecuencia de esto, un ciudadano medio que ve recortado su capacidad
adquisitiva, tiende a resolver el problema reduciendo el consumo, es decir, gastando
menos. Por lo tanto, podemos afirmar que el IVA es un impuesto que penaliza
el consumo.
Desgraciadamente,
el descenso del consumo suele traducirse en la bajada de las inversiones, el
cierre de negocios y el despido de trabajadores, lo que significa un aumento
del paro. Gracias a la nueva reforma laboral aprobada por el Pleno del Congreso
el pasado 28 de junio, con el apoyo de CiU, UPN y Foro Asturias, se ha
generalizado la indemnización por despido improcedente en 33 días con un tope
de dos anualidades y se ha facilitado que las empresas puedan despedir por
causas económicas con 20 días por año trabajado. No pinta muy bien para los
trabajadores cuyos jefes se vean forzados a deshacerse de trabajadores para
poder compensar la reducción en el consumo causada por la subida del IVA.
La
alternativa a una subida del IVA como efecto recaudador sería la subida del
IRPF, ya realizada por el gobierno el pasado febrero. La subida del Impuesto
sobre la Renta (las llamadas retenciones) se refleja en el consumidor
con una reducción de su sueldo neto (circunstancia que será mayor cuanto mayor
sea la cuantía del sueldo anual). Es decir, o ingresamos menos sueldo o pagamos
las cosas más caras. La diferencia radica en que la subida del IRPF afecta más,
en teoría, a quienes más cobran y la subida del IVA a los que tienen menor
nivel adquisitivo.
Con la
reforma laboral ya citada se ha creado un contrato indefinido para los autónomos
y las PYMES de menos de 50 trabajadores con un año de prueba y sin
indemnización por despido, siempre que
la tasa de paro no baje del 15%. Y en el caso del despido colectivo en el
sector público, tendrá prioridad de permanencia en el puesto el personal
laboral fijo que obtuviera su plaza a través de oposiciones. Se ha ampliado del
5 al 10% la parte de la jornada laboral que la empresa podrá distribuir a lo largo
del año de forma irregular avisando al trabajador con 5 días de antelación; y
la seguridad jurídica en el despido objetivo por absentismo, existiendo ahora
un periodo de referencia de un año frente al texto anterior, que permitía el
despido cuando las faltas de asistencia al trabajo, incluso las justificadas
pero intermitentes (no se contarán las ausencias por huelga legal,
representación de los trabajadores, riesgo durante el embarazo, enfermedad o
accidente no laboral cuando dure más de veinte días y lo acuerden los servicios
sanitarios oficiales o por tratamiento de cáncer o enfermedad grave),
alcanzasen el 20% de los días hábiles en 2 meses consecutivos o el 25% en 4
discontinuos.
En el
despido objetivo por absentismo se ha ampliado la seguridad jurídica, ya que
habrá un periodo de referencia de un año, cuando en el anterior texto se
permitía cuando las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero
intermitentes, alcanzasen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos o el 25 % en cuatro meses discontinuos. No tendrán consideración
de faltas de asistencia las ausencias por huelga legal, por representación de
los trabajadores, riesgo durante el embarazo, enfermedad o accidente no laboral
cuando dure más de veinte días y lo acuerden los servicios sanitarios oficiales
o por tratamiento de cáncer o enfermedad grave.
Todo esto ha
pasado mientras España se paralizaba frente al televisor. Una hábil jugada del gobierno
que, una vez más, ha politizado el deporte utilizando un evento deportivo que
atrae a masas para desviar la atención de los ciudadanos y aprobar medidas controvertidos.
No es la primera vez que esto ocurre ni el único motivo por el que se ha hecho.
Las victorias deportivas se utilizan frecuentemente como bandera de
significaciones políticas, no por los aficionados ni por los deportistas, sino
por los propios políticos. A la memoria me acuden los famosos pitidos contra el
himno en el Barça-Athletic de Bilbao,
o la polémica que se generó en la victoria del Mundial de la selección española
de fútbol porque algunos jugadores pasearon una señera catalana durante la
celebración de la victoria en el campo (cosa que nunca entendí, otros
deportistas enarbolan la bandera de su comunidad, por ejemplo Fernando Alonso y
la bandera asturiana, y nadie dice nada). Sin embargo, no puedo evitar quedarme
con la sensación de que no es más que humo y espejos. Citando al “Sabio de Hortaleza”,
D. Luis Aragonés, estamos mezclando churras con merinas; el deporte es deporte
y la política es política, aunque echo de menos que la gente no sólo salga a la
calle cuando se trata de lo primero.
